Ecologistas en Acción pide cárcel para 11 cazadores y una veterinaria por sacrificar a 36 perros ilegalmente por no servir para cazar

Ecologistas en Acción pide cárcel para 11 cazadores y una veterinaria por sacrificar a 36 perros ilegalmente por no servir para cazar

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Galgo pixabay 01


La ONG Ecologistas en Acción de Extremadura ha solicitado penas de casi cinco años y casi dos años de prisión, respectivamente, para la veterinaria y los 11 cazadores acusados del presunto sacrificio ilegal de al menos 36 perros de caza, propiedad de los citados cazadores.


En concreto, el escrito de acusación presentado pide cuatro años y 10 meses de cárcel para la veterinaria que realizaba las “eutanasias ilegales”, por un delito continuado de maltrato animal y otro delito continuado de falsedad documental; y un año y 10 meses para los cazadores, por un delito continuado de maltrato animal. El Juzgado de Villafranca de los Barros es el encargado de instruir las diligencias.


Según ha informado Ecologistas en Acción en una nota de prensa, la investigación dio comienzo en agosto de 2019, cuando un ciudadano encontró en el campo un perro muerto en un avanzado estado de descomposición y alertó a la Guardia Civil.


El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) logró identificar al perro gracias al microchip y localizó a su propietario, quien argumentó que había llevado al perro, un galgo, a una veterinaria para que lo sacrificara porque no servía para cazar y se comía las liebres que los cazadores abatían.


Cuando finalizó la temporada de caza, el hombre tomó la decisión de sacrificar a su perro, recurriendo para ello a la citada veterinaria, ubicada en la comarca de Tierra de Barros, en la comarca de Badajoz.


Lejos de ser un caso aislado, la investigación del Seprona concluyó que se trataba de una práctica generalizada en el lugar, debido a que “numerosos cazadores de la comarca declaran haber recurrido a esta veterinaria para deshacerse de los perros que ya no querían mantener” por no servir para cazar.


Los agentes revisaron toda la documentación y consultaron los datos que figuraban en el Registro de Identificación de Animales de Compañía de Extremadura (RIACE), descubriendo que la veterinaria había indicado que el motivo de la baja era “muerte por enfermedad” o “muerte causada por accidente”.


Es precisamente este hecho por lo que, además de por maltrato animal, a la veterinaria se le acusa de un delito de “falsedad en documento público”. Además, el Seprona también pudo constatar que esta veterinaria firma al año un “volumen desproporcionado” de certificados de defunción, en comparación a la media comarcal.


La veterinaria insiste en que los datos que figuran en los certificados de defunción de los perros son verídicos, mientras que los cazadores se acogen a su derecho a no declarar.


Es importante recordar que la eutanasia es una medida de carácter humanitario a la que los veterinarios deben recurrir solo con el fin de facilitar una muerte indolora a un animal que presenta sufrimiento o una enfermedad agónica o incurable. Una circunstancia que, si se confirman estos hechos mediante una sentencia judicial condenatoria, no se ha dado en el caso de estos 36 perros sacrificados por no servir para la caza.


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