La Justicia canaria denegó la suspensión cautelar de la caza en La Palma solicitada por APADEVI al no apreciar urgencia

La Justicia canaria denegó la suspensión cautelar de la caza en La Palma solicitada por APADEVI al no apreciar urgencia

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Cabildo la palma sede


El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife denegó la suspensión cautelar de toda la actividad cinegética en la isla de La Palma, que fue solicitada el 10 de noviembre por la Asociación para la Defensa de Víctimas de Injusticias (APADEVI).


El objetivo de APADEVI era paralizar la caza hasta que se realicen todos los estudios necesarios para determinar el estado en el que se encuentra la fauna silvestre tras la erupción del volcán, considerando que no hacerlo podría ocasionar daños graves e irreversibles.


La denegación por parte del juzgado responde al argumento de que no había urgencia y que no existía lo que en derecho se conoce como ‘periculum in mora’, que hace referencia al peligro derivado de la inmediata ejecución del acto administrativo a la hora de resolver el incidente cautelar, en este caso la suspensión de toda actividad de caza mayor y caza menor.


“Pedí al Juzgado la adopción de medidas cautelarísimas urgentes, que hay que resolverlas en un plazo de 48 horas. Mucho más rápido que las cautelares, donde dan 10 días a la otra parte. Me contestaron que no corría prisa, que no había urgencia”, explica la presidenta de APADEVI, la abogada María Girona, que también preside la sección de derechos de los animales del Colegio de Abogados de Madrid.


“Uno de nuestros argumentos era urgentísimo, ya que cada muerte de un animal es una vida que no se puede recuperar nunca. La muerte es irreparable. Por eso, el ‘periculum in mora’ es fundamental en este procedimiento”, insiste.


María Girona recalca que APADEVI presentó la denuncia contra el Cabildo Insular de La Palma el 10 de noviembre. Según relata, el día 15 el juzgado consideró que no había urgencia y le dio un plazo de 10 días al Cabildo para contestar.


“El Cabildo apuró al plazo otorgado hasta el final y dijo, básicamente, que qué más da, si la ley canaria relativa a la caza dice que el 5 de diciembre finaliza toda la caza”, apunta.


DEJAR EXPIRAR EL PERIODO DE CAZA


Según Girona, el juzgado tramitó su solicitud como cautelar en vez de como cautelarísima para, de facto, “dar lugar a que por sí mismo se agote el periodo de caza” y no tener que resolver la cuestión. Además, asegura que el juzgado denegó las medidas cautelares con el argumento de que “acceder a la suspensión supondría una estimación anticipada, lo cual no procede en este momento procesal".


Por último, APADEVI hace hincapié en la forma de actuar del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife: “El TSJ está para reparar la legalidad de lo que hace la Administración. En este caso, el TSJ dice que lo que haga la Administración está bien, así que ha perdido su función revisora”, concluye.


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